A través de la dinamización de los procesos organizativos alrededor del Plan de Emergencia existentes y la celebración de los acuerdos para su revisión, ajuste, convalidación, difusión y diseño de herramientas para el seguimiento y la evaluación del Plan, se materializa la construcción de consensos democráticos y de legitimidad de las acciones emprendidas durante el proceso de ejecución del proyecto y con posterioridad en los espacios de decisión.
Por otro lado, el acompañamiento y facilitación de los acuerdos y compromisos entre los actores y sujetos de intervención, deben estar dirigido a que los procesos de compilación y organización de la información, la formulación y priorización de las problemáticas e iniciativas, se ajusten al contexto de la zona de influencia del COPADES y de la ciudad, a los ideales y expectativas de desarrollo promovido como una herramienta técnicamente viable, eficaz y sostenible por contar con los criterios técnicos y operativos.
Por otro lado, el acompañamiento y facilitación de los acuerdos y compromisos entre los actores y sujetos de intervención, deben estar dirigido a que los procesos de compilación y organización de la información, la formulación y priorización de las problemáticas e iniciativas, se ajusten al contexto de la zona de influencia del COPADES y de la ciudad, a los ideales y expectativas de desarrollo promovido como una herramienta técnicamente viable, eficaz y sostenible por contar con los criterios técnicos y operativos.
En la medida que el Plan de Emergencia cuente con los consensos necesarios que lo hagan legítimo y sustentable; que conlleva a desarrollar una concepción de mejora con base territorial y poblacional que aborda los elementos o dimensiones del desarrollo, lo cual implica:
• Aportar a la formulación de una política publica en materia de la gestión integral del riesgo.
• Reconocer la diversidad de los actores sociales, intereses, necesidades y formas organizativas propias y de participación.
• Demanda el establecimiento de formas de intervención desde la Administración Municipal, coherente con la política de promoción de la prevención de desastres.
